La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla abrió una carpeta de investigación en contra del médico Armando Sigala Cervantes, especialista del Hospital Ángeles, tras ser señalado por su exesposa, September Vélez, de intentar asesinarla, ejercer violencia vicaria y sustraer ilegalmente a sus hijos.
La denuncia, hecha pública el pasado domingo 25 de mayo a través de redes sociales, generó atención nacional. Vélez compartió un video en el que se observa al doctor agrediéndola físicamente al arrastrarla por el cabello en su domicilio. Afirmó además que fue amenazada con un arma de fuego y que, pese a contar con la custodia legal de sus dos hijos, el médico se los llevó por la fuerza.
Ante la gravedad de las acusaciones, la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal, encabezada por Citlalli Hernández, ha dado puntual seguimiento al caso. A través de sus redes sociales, la funcionaria expresó: “No impunidad es fundamental para la justicia hacia las mujeres y la erradicación de la violencia”. Asimismo, manifestó su confianza en que la FGE procederá conforme a derecho y reconoció la medida adoptada por el Hospital Ángeles, que suspendió de manera preventiva al médico involucrado.
Armando Sigala Cervantes, cirujano egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), cuenta con especialidades en gastroenterología, laparoscopía y cirugía robótica. Su relación con Vélez, según la denuncia, estuvo marcada por abusos psicológicos y verbales durante los cuatro años que duró el matrimonio. Ella tenía 18 años cuando contrajeron matrimonio; él, 47.
Por su parte, el médico difundió este martes 27 de mayo un video en el que rechaza todas las acusaciones, asegurando que se trata de una campaña de difamación en su contra. Afirmó que solicitó y obtuvo un amparo para mantener bajo su resguardo a los menores, acusando a Vélez de agredir físicamente a su hijo mayor.
El caso continúa bajo investigación, mientras diversas voces exigen que se garantice justicia y protección para las víctimas. La denuncia también fue dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien Vélez pidió intervenir en su situación.