La reciente promulgación de una reforma al Código Penal de Puebla por parte del gobernador Alejandro Armenta desató un intenso debate entre especialistas, legisladores, activistas y ciudadanos. El pasado 13 de junio, el mandatario estatal publicó oficialmente una modificación legal que sanciona penalmente el denominado “ciberasedio”, lo que ha sido calificado por diversos sectores como una amenaza a la libertad de expresión, ganándose el apodo de “Ley Censura”.
La nueva disposición legal contempla penas que van desde 11 meses hasta tres años de prisión para quien incurra en esta conducta, definida como el uso reiterado de tecnologías de la información —incluidas redes sociales, correo electrónico u otros medios digitales— para insultar, ofender, injuriar o vejar a una persona con la intención de causarle daño físico o emocional.
A raíz de las reacciones generadas, el gobernador Armenta pidió al Congreso local y a organizaciones defensoras de derechos humanos que realicen un análisis exhaustivo de la reforma. Enfatizó que este ejercicio debe priorizar un enfoque social y salvaguardar plenamente las libertades que garantiza la Constitución.
En respuesta, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, manifestó en redes sociales que la LXII Legislatura está comprometida con la atención a las demandas ciudadanas y dispuesta a revisar lo necesario.
La ley no ha pasado desapercibida en el entorno digital. Usuarios, figuras públicas y empresarios han expresado su preocupación por las posibles implicaciones del nuevo delito.
La reforma encendió el debate público sobre los límites entre protección frente al acoso digital y el derecho a la libertad de expresión, dejando en claro que aún hay camino por recorrer en la búsqueda de un equilibrio legal que respete los derechos fundamentales sin desatender los problemas reales del entorno digital.
