En Izúcar de Matamoros, Puebla, se han detectado casos de abuso por parte de abogados conocidos como “coyotes”, quienes aprovechan la falta de conocimiento de los ciudadanos para extorsionarlos durante el trámite de pasaportes en la oficina municipal de Relaciones Exteriores. Estas personas cobran hasta 5 mil pesos por servicios que, en muchos casos, son gratuitos o de bajo costo.
Ante esta situación, el gobierno municipal implementó medidas para reforzar los controles internos y evitar la actuación de estos intermediarios que buscan lucrar a costa de los usuarios. Asimismo, se emitió un llamado a los ciudadanos, incluyendo a quienes provienen de estados vecinos como Morelos, Guerrero y Oaxaca, para que no caigan en estos engaños. Las autoridades aclararon que no existe ningún convenio con abogados o despachos jurídicos para agilizar trámites.
El ayuntamiento recordó que el trámite de pasaporte debe realizarse exclusivamente en las Oficinas Estatales y Municipales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Los costos oficiales incluyen únicamente el pago de derechos del pasaporte, que varían según su vigencia, y una aportación municipal fija de 200 pesos.
Los precios actuales para el pasaporte van desde mil 730 hasta 4 mil 120 pesos dependiendo de los años de vigencia, pero con el beneficio del 50% de descuento disponible para ciertos grupos, los costos se reducen significativamente, llegando a ser tan bajos como 445 pesos.
Para realizar el trámite, es indispensable presentar documentos que acrediten la nacionalidad mexicana, como una copia certificada del acta de nacimiento, carta de naturalización o declaratoria de nacionalidad mexicana, entre otros. Es importante que el registro de nacimiento no sea extemporáneo, y en caso de serlo, se deberá entregar documentación adicional.
Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de proteger a los ciudadanos y garantizar que los trámites se realicen de manera transparente y apegada a los lineamientos establecidos. También instaron a los usuarios a reportar cualquier irregularidad para frenar estas prácticas abusivas.
